Derecho Procesal Penal

El Manual “Derecho Procesal Penal”, elaborado por los Profs. Drs. Agustín-Jesús PÉREZ-CRUZ MARTÍN, Catedrático de Universidad de Derecho Procesal de la Universidade da Coruña, Xulio-Xosé FERREIRO BAAMONDE, Prof. Contratado Doctor de Derecho Procesal de la Universidade da Coruña, José-Luis SEOANE SPIEGELBERG, Prof. Asociado de Derecho Procesal de la Universidade da Coruña, Magistrado y Presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña y José-Ramón PIÑOL RODRÍGUEZ, Fiscal de la Fiscalía de Galicia, en su 2ª Ed., se estructura conforme al Programa de oposiciones de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, aprobado por Acuerdo de 9 de marzo de 2010, de la Comisión de Selección, prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumno/as de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y plazas de alumno/as del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal. En dicha edición se han incorporado la reforma de la L.O.P.J. llevada a cabo por la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, básicamente en lo referido a la restricción en el ejercicio del principio de justicia universal (art. 23.4 y 5 L.O.P.J.). Igualmente, se incluyen la reforma parcial de la LECrim., llevada a cabo por el artículo segundo de la L. 13/2009, de 13 de noviembre, en múltiples aspectos, entre otros, cuestiones de competencia penal, resoluciones procesales y modo de dirimir las discordias, recursos contra las resoluciones procesales, diligencias de investigación, medidas cautelares reales, procedimiento abreviado, juicios rápidos, juicio de faltas, procedimiento por injurias y calumnias, recursos de apelación y casación. La reforma, pues, de la LECrim. afecta a más de 130 artículos, reincidiéndose, pues, en la técnica “lamentable” de la reforma parcial en lugar de abordarse, definitivamente, la redacción de un nuevo texto procesal penal que, insistentemente, viene reclamando, unánimemente, la doctrina y los “operadores” jurídicos.