Iniciativa legislativa popular

La democracia es, dice John DUNN, un “viaje inacabado”, iniciado hace más de 2.500 años en Atenas. El ideal nacido entonces ha sido capaz de superar siglos de oscuridad y cambios radicales en la organización social, perviviendo en el pensamiento político occidental, de una parte, como modelo (a menudo, mítico) para enjuiciar la legitimidad de los regímenes políticos que se proclaman democráticos; y, de otra, como elemento dinamizador dotado de una peculiar “fuerza de impulsión”, que se proyecta continuamente sobre su funcionamiento. De este modo, la democracia está permanentemente sujeta a una tensión crítica entre el ideal originario (anclado en la idea de participación), y su funcionamiento en las sociedades democráticas modernas, basadas en un modelo representativo que trata de garantizar los derechos y libertades fundamentales. En este contexto, la figura de la iniciativa legislativa popular se sitúa, pese a su aparente modestia, en un punto en el que confluyen diferentes corrientes teóricas de profundísimo calado, permitiendo invocar fórmulas de democracia directa en un contexto de sistemas políticos representativos. Una posición que le otorga una particular relevancia en momentos como el presente, en los que las instituciones políticas tradicionales, articuladas en el marco estatal, se enfrentan con dificultad a fenómenos de ámbito global, lo que contribuye a erosionar el sentimiento de identificación de muchos ciudadanos con aquéllas y a generar un “discurso de malestar civil difuso” del que se nutren corrientes heterogéneas de pensamiento. Por ello, el análisis de la naturaleza de esta figura, de su función institucional y de su eficacia, permite conocer cuáles son sus posibilidades y sus límites. A partir de ahí, será posible valorar la normativa, estatal y autonómica, que la regula en la experiencia constitucional española, y diseñar eventuales propuestas de reforma que puedan servir mejor, en definitiva, a la funcionalidad del régimen representativo diseñado por la Constitución de 1978. Esta labor, emprendida gracias al apoyo de la Cátedra ARAG y a la Universidad Rey Juan Carlos, se ha encomendado a varios autores, que a su condición de profesores universitarios, letrados de las Cortes Generales y abogados en ejercicio añaden una especialización en esta materia sobradamente acreditada en sus dilatadas trayectorias académicas y profesionales. Esperamos que su tarea resulte fructífera para aquellos lectores que, movidos por inquietudes diversas, puedan asomarse a estas páginas.