La adjudicación de contratos en el sector público - Actualizada a la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la LCSP, LCSE y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para Adaptación a la Normativa Comunitaria de las dos primeras.

De todas las instituciones tuteladas por la disciplina pública contractual, seguramente sea la adjudicación la que mejor explique el porqué de una regulación tan exhaustiva e imperativa, a partir de los principios rectores del mercado interior europeo. Desde las innovaciones introducidas por la renovada normativa en contratación del sector público, pero sin prescindir de la perspectiva histórica que la contempla en su totalidad, ni de los especiales regímenes de sectores excluidos y de defensa y seguridad, la presente monografía pretende dar respuesta integral a las tres grandes vertientes que deciden el acierto o desacierto normativo para conjurar la corrupción a partir de los bienes jurídicos de competencia, eficiencia y eficacia, sin olvidar las políticas medioambiental y social: órganos y procedimiento, selección de la «oferta económicamente más ventajosa» del mercado, y tutela cautelar y revisora como garantía última del sistema. El análisis crítico de las últimas reformas, tributarias del Derecho comunitario y la crisis económica, entre las que sobresale la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes de Contratos del Sector Público y Sectores Excluidos en materia de recursos, y de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la que se retorna a la adjudicación única y se profundiza en la eficacia del sistema impugnatorio especial de los actos separables, supone el valor añadido de una obra que no ha escatimado esfuerzos por aportar a la literatura jurídica el rigor y la dimensión práctica que reclama una realidad tan sensible como compleja. Esta obra está actualizada a la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la LCSP, LCSE y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.