La contratación del sector público tras las reformas de 2010

La presente obra efectúa un estudio sistemático de la contratación de los diferentes entes, organismos y entidades que componen el Sector Público. Sigue el esquema de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público que parte de la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación. A tal efecto, distingue entre los poderes adjudicadores, sean o no "Administraciones Públicas" a los efectos de dicha Ley, y los no poderes adjudicadores, y establece tres diferentes niveles de aplicación, plena, parcial u opcional, en función de que los citados entes organismos y entidades reúnan o no la triple condición acumulativa que les convierte o no en un "organismo de Derecho público" a los efectos del Derecho Comunitario de la Contratación Pública. La metodología sigue el resto del esquema utilizado por el Legislador y, de este modo, la obra se articula en el estudio de cuatro Partes. . La Primera se ocupa de analizar los aspectos troncales que afectan a la contratación de todos los entes, organismos y entidades del Sector Público, sean o no poderes adjudicadores, incluyendo un epígrafe dedicado a las nuevas técnicas de Contratación Electrónica. . La Segunda se dedica al análisis de las especificaciones contractuales que solamente resultan aplicables a las "Administraciones Públicas" a los efectos de la LCSP, a los poderes adjudicadores que no sean "Administraciones Públicas" a los efectos de la LCSP, y a los no poderes adjudicadores. . La Tercera desciende a examinar el régimen de recursos y medidas provisionales, que ha sufrido una profunda reforma a través de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la citada Ley 30/2007, de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. . Por último, la Parte Cuarta se ocupa del orden jurisdiccional competente para conocer de las decisiones de las diferentes entidades adjudicadoras. A su vez se incluyen, entre otras, las modificaciones introducidas por los Reales Decretos Leyes 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, y 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. . Los autores han elaborado esta obra buscando que se convierta en una herramienta de obligada consulta práctica en el quehacer diario de las entidades adjudicadoras y licitadores. Para ello, huyendo de otros patrones metodológicos seguidos en otras obras existentes en el mercado editorial sobre la misma materia, analizan la fase interna de cada contrato, en la que se explican las diferentes estrategias contractuales que admite la Ley 30/2007, y remiten al lector, a través de más de mil quinientas notas a pie de página, a los comentarios o a la diversa documentación que sirve de base para implementar cada una de ellas. Constituye, pues, una herramienta esencial en el conocimiento y aplicación de la legislación sobre Contratación Pública.